Junto con su colega Alejandra Aramayo, la congresista Úrsula Letona ha presentado un proyecto de ‘ley que protege las libertades y derechos informativos de la población’ que implica justamente lo contrario.
Este propone, primero, que los condenados o investigados por delitos de corrupción en agravio del Estado no puedan ser accionistas, gerentes, directores, directores periodísticos o editores de un medio.
Más allá de la curiosa limitación solo al delito de corrupción –¿narcotráfico no, pedofilia tampoco?–, el proyecto abre la puerta para que el Estado intervenga, por la puerta falsa, en decisiones privadas de un medio, y hasta bastaría ponerle una demanda al director periodístico para impedirle que ejerza el periodismo.
El proyecto también propone una veeduría ciudadana regulada por el MTC para “garantizar el derecho a la información neutral, objetiva y desinteresada que deben ejercer los medios”, lo cual es sustentado con una exposición de motivos que es un salpicón de citas sacadas fuera de contexto para justificar la promoción de la ‘objetividad de periodismo’.
La ‘objetividad’ en el periodismo es un ideal imposible porque es obvio que solo se puede ser objetivo en muy pocas cosas. Y cuando lo usa el Estado lo suele hacer para imponer ‘su verdad’. El periodismo es subjetivo porque así es la interpretación de los hechos, lo cual nunca puede ser, sin embargo, biombo para la mentira.
En suma, este proyecto pretende crear las condiciones para que el Estado regule la objetividad, pluralidad y veracidad de los medios, algo que liquida la libertad de expresión.
Quizá Letona haya presentado su proyecto con buena intención, pero es una pena que, habiendo tan buenos constitucionalistas en el Estudio Echecopar, que alguna vez ella integró, no le haya salpicado al menos una gotita de esa sabiduría como para prevenirla de presentar un proyecto anticonstitucional que es un peligro grave para la libertad de expresión.
O seis meses en la bancada de Fuerza Popular (FP) es un lapso suficiente para olvidar lo constitucional y adoptar la antigua vocación fujimorista contra la libertad de expresión.
O, por último, la congresista Letona puede ser, también, una disciplinada integrante más de una bancada a la que envían las iniciativas de la oficina central de FP desde la cual se digita a los parlamentarios para que estos presenten, sin dudas ni murmuraciones, los proyectos que les indiquen, aunque sean, como en este caso, un tremendo mamarracho que sería la delicia de presidentes como Nicolás Maduro o Rafael Correa.
(Texto publicado en La República. Foto: ibtime.com)
